Argentina no está en venta: movilizamos en defensa de nuestros territorios y nuestra soberanía
Este jueves 6 de agosto, el Senado de la Nación retomará el tratamiento del proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Desde APUNSaM convocamos a movilizar junto al movimiento obrero y las organizaciones sociales, políticas, campesinas, indígenas y ambientales para rechazar una iniciativa que pone en riesgo el territorio nacional, facilita los desalojos y debilita las herramientas públicas de protección social y ambiental.
El Senado de la Nación se prepara para tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el expediente PE-13/2026. Su debate, inicialmente previsto para sesiones anteriores, fue postergado en varias oportunidades por la falta de acuerdos y las diferencias generadas incluso entre los bloques aliados al Gobierno.
El pasado 16 de julio, la Cámara alta resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.Aunque su nombre busca presentarlo como una simple defensa de la propiedad privada, el proyecto es mucho más amplio. En un mismo paquete propone modificar normas vinculadas con el régimen de expropiaciones, la regularización dominial, los procesos de desalojo, la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, el manejo de superficies afectadas por incendios y el funcionamiento de los registros inmobiliarios.
Por eso, esta discusión no se limita a una cuestión jurídica ni inmobiliaria. Lo que está en juego es quién puede acceder a la tierra, quién controla nuestros recursos naturales, qué capacidad conserva el Estado para desarrollar políticas públicas y qué protección tendrán las familias, comunidades y sectores populares frente al avance de los grandes intereses económicos.
Más tierras en menos manos
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es la modificación del régimen de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales.La legislación vigente establece límites a la cantidad de territorio rural que puede quedar en manos extranjeras.
Estos límites no prohíben la inversión extranjera: buscan preservar la tierra como un recurso estratégico y evitar su concentración excesiva.El proyecto impulsado por el Gobierno pretende flexibilizar esas restricciones.
Aunque el oficialismo continuó negociando modificaciones hasta los días previos a la sesión, su orientación permanece intacta: ampliar las posibilidades de adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.Hablar de tierras rurales no es hablar únicamente de parcelas o títulos de propiedad.
En esos territorios se encuentran el agua dulce, los alimentos, los hidrocarburos, el litio, el cobre, los bosques y una enorme parte de la biodiversidad nacional. También viven y trabajan comunidades indígenas, familias campesinas y pequeños productores cuya relación con la tierra no siempre está reconocida mediante un título formal.
Flexibilizar su adquisición puede profundizar la concentración de la propiedad, elevar el valor de la tierra y de los arrendamientos y aumentar la inseguridad territorial de quienes la habitan y producen desde hace generaciones.La tierra no es una mercancía más.
Es territorio, producción, identidad, comunidad y soberanía. Quien controla la tierra también obtiene poder sobre los recursos y las decisiones estratégicas que condicionan el futuro del país.
Desalojos más rápidos y menos garantías
Otro eje central de la iniciativa es la aceleración de los procedimientos de desalojo.El proyecto incorpora mecanismos para solicitar la restitución anticipada de inmuebles y establece que estos procesos tramiten mediante procedimientos más breves.
En el ámbito alcanzado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contempla medidas como allanamientos, apertura de cerraduras, habilitación de días y horas inhábiles e intervención de la fuerza pública.
Estas modificaciones se producen en un contexto de profunda crisis económica, aumento del costo de los alquileres, pérdida del poder adquisitivo y crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna.
En lugar de construir respuestas frente a la emergencia habitacional, el proyecto prioriza la velocidad de restitución del inmueble y fortalece la posición de quienes poseen la propiedad. De esta manera, familias inquilinas, habitantes de barrios populares, comunidades indígenas y campesinas pueden quedar expuestas a procedimientos más rápidos y con menores posibilidades materiales de defender sus derechos.
La propiedad privada es un derecho reconocido constitucionalmente, pero no puede transformarse en un derecho absoluto colocado por encima del acceso a la vivienda, el debido proceso, la igualdad y la dignidad de las personas.
Menos capacidad estatal para actuar en favor del interés público
La iniciativa también modifica el régimen nacional de expropiaciones y endurece las condiciones para que el Estado declare un bien de utilidad pública.La expropiación es una herramienta constitucional que permite desarrollar obras de infraestructura, políticas de vivienda, procesos de urbanización, protección ambiental y otros proyectos destinados al bien común, siempre mediante una ley y el correspondiente pago de una indemnización.
El proyecto incorpora criterios más restrictivos para su utilización y exige mayores niveles de justificación. Esto puede limitar la capacidad del Estado para intervenir en la planificación territorial y llevar adelante políticas públicas que necesiten disponer del suelo.Una vez más, la orientación es clara: se fortalece la propiedad individual frente a la función social del territorio y se reduce la capacidad pública de actuar para garantizar derechos colectivos.
El fuego como oportunidad de negocio
La reforma también alcanza a la Ley de Manejo del Fuego. La normativa vigente establece restricciones para cambiar el uso o vender determinadas superficies rurales después de un incendio, con el objetivo de impedir que el fuego sea utilizado como mecanismo para habilitar negocios inmobiliarios, productivos o extractivos.El proyecto reduce parte de esas restricciones en zonas agropecuarias, pastizales, matorrales y áreas periurbanas afectadas por incendios.
De aprobarse, tierras que hoy cuentan con un período de protección podrían quedar nuevamente disponibles para operaciones económicas o cambios de actividad.En un país atravesado por incendios forestales, sequías y una crisis climática cada vez más grave, debilitar los instrumentos de protección ambiental no significa generar libertad: significa abrir nuevas oportunidades de negocio sobre territorios previamente devastados.
Una disputa por el modelo de país
La llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada expresa una concepción de país en la que la tierra y los bienes naturales son considerados activos disponibles para el mercado, mientras el Estado abandona progresivamente sus responsabilidades de regulación, planificación y protección.
Desde APUNSaM sostenemos que los recursos estratégicos, el ambiente, el acceso a la vivienda y la soberanía territorial son cuestiones que involucran a todo el pueblo argentino. No pueden quedar sometidos exclusivamente al poder económico de quienes cuentan con mayor capacidad de compra.
Como trabajadoras y trabajadores de la Universidad Pública, defendemos la producción de conocimiento al servicio de la Nación y una universidad comprometida con los problemas de su pueblo.
Por eso, también asumimos como propia la defensa del territorio, los recursos naturales, las comunidades que los habitan y las herramientas públicas necesarias para construir una sociedad más justa.
Frente a la concentración, el despojo y la extranjerización, la respuesta debe ser colectiva. La soberanía no se declama: se ejerce y se defiende mediante la participación popular, la organización sindical y la presencia en las calles.
Convocatoria
Desde APUNSaM convocamos a toda la comunidad Nodocente a movilizar junto a las organizaciones sindicales, sociales, políticas, campesinas, indígenas y ambientales.
Jueves 6 de agosto
12 horas
Solís e Yrigoyen – Ciudad de Buenos AiresMovilizamos en defensa de nuestros territorios, nuestros recursos naturales y nuestra soberanía nacional.La tierra no es una mercancía.
Argentina no está en venta.
¡La patria se defiende!
